Toma del Palacio de Justicia
Bogotá, COL
2024
2024
En la mañana del 6 de noviembre de 1985, un comando guerrillero del M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Tras tomar como rehenes a más de 200 trabajadores, jueces y visitantes, exigieron que el presidente Belisario Betancur fuera juzgado por violar un acuerdo de cese al fuego, entre otras infracciones. El Ejército respondió con una fuerza desmedida para la aniquilación inmediata del enemigo, sin negociación alguna. En el contraataque militar, bombardeos y explosiones destruyeron por completo el Palacio de Justicia. Se estima que entre 91 y 115 personas murieron, incluyendo a los más de 30 miembros del M-19 y a 11 jueces. Doce trabajadores de la cafetería y un miembro del M-19 desaparecieron.
Forensic Architecture analizó cincuenta horas de imágenes de prensa del evento, incluidas algunas nunca antes vistas, y cientos de testimonios, algunos de los cuales recopilamos nosotros mismos. Otras fuentes incluyen los archivos del Fiscal General colombiano y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Testimonios, vídeos y grabaciones de audio se unieron en una reconstrucción digital de tres sitios clave donde se desarrolló el crimen de desaparición forzada: la Plaza de Bolívar, la Casa del Florero y el Cantón Norte. Nuestro análisis de las imágenes del asedio revela la logística de los militares e identifica posibles agentes encubiertos que colaboraron con las fuerzas de inteligencia y seguridad, así como el uso de ambulancias y médicos durante la operación.
La investigación mapea por primera vez el uso interconectado de las instalaciones militares en toda Bogotá y su papel en las desapariciones, haciendo que la logística de la desaparición forzada sea legible a medida que seguimos a las víctimas entre múltiples sitios e instalaciones militares alrededor de Bogotá. El delito de desaparición forzada implica tanto la violencia contra las personas como la supresión a largo plazo de las pruebas que establecerían lo que les sucedió. Al crear una línea de tiempo detallada de los eventos posteriores al asedio, mostramos cómo se suprimieron los diferentes tipos de evidencia (videográfica, testimonial, documental y médica) durante los últimos 36 años, demostrando cómo los perpetradores ocultaron los delitos de desaparición forzada.